La
Ley para la protección de personas defensoras
de derechos humanos y periodistas
tiene más retos que beneficios
de derechos humanos y periodistas
tiene más retos que beneficios
México
se ha convertido en uno de los países más peligrosos para defender derechos
humanos y ejercer la libertad de expresión, así lo señaló en entrevista el
doctor Rodrigo Gutiérrez Rivas, investigador y coordinador del Área de Derechos
Humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional
Autónoma de México.
El
especialista en conflictos sociales y política recordó que fue “Artículo 19”
(organización independiente de derechos humanos que trabaja alrededor del mundo
para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión), quien puso a
debate público las violaciones a los derechos humanos de periodistas,
defensores y activistas sociales.
“Las
violaciones de derechos humanos se están produciendo de forma general, masiva y
esto es de interés de todos”, recalcó.
El
Estado tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de todas las personas. En su opinión, los periodistas cumplen una
función social muy relevante al obtener información y hacerla pública, pues
dotan a la sociedad de elementos que le permiten pensar en derechos como al
sufragio, la libertad de expresión y la educación.
Por
tanto, “es muy grave que los periodistas estén recibiendo amenazas,
hostigamiento, sean detenidos y hasta asesinados”.
De
acuerdo con el investigador, la Ley para la protección de personas defensoras
de derechos humanos y periodistas tiene más retos que beneficios, debido a sus
limitaciones y graves deficiencias.
Gutiérrez
Rivas declaró que el informe que publicó el Espacio OSC para la Protección de
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas señala varias cuestiones
preocupantes. Al mecanismo le falta capacidad para reaccionar de una forma
temprana frente a alertas. Además, no ha logrado atender con eficacia las
violaciones a los derechos humanos; no tiene enfoque de género, y adolece de una
coordinación eficaz con las entidades federativas, entre otras tantas
situaciones.
Por
lo tanto, “hay una falta de respaldo político del más alto nivel, una falta de
voluntad política para que realmente el mecanismo se convierta en un
instrumento de defensa eficaz de los derechos. Es preocupante que el gobierno
siga negando la situación respecto a la vulneración de los derechos humanos en
el país”, acotó.
Autora: Gabriela Casas Cabrera
Edición: Damián Mendoza
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